Os limites do poder estatal no exercício do ius puniendi e a garantia contra a impunidade: a questão do uso da prova ilícita no processo penal brasileiro
Ano de defesa: | 2012 |
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Autor(a) principal: | |
Orientador(a): | |
Banca de defesa: | |
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso aberto |
Idioma: | por |
Instituição de defesa: |
Faculdade de Direito de Vitoria
Brasil FDV |
Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: | |
Link de acesso: | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/77 |
Resumo: | Esta investigación examina la posibilidad de admisión de la utilización de pruebas ilegales en los procesos penales brasileños, con el fin de garantizar la lucha efectiva contra la impunidad, cuando son las únicas capaces de demostrar la existencia de un delito y/o de su autoría. Parte de la idea de que el Estado Moderno se estableció principalmente con el propósito de traer seguridad social a los ciudadanos, que han renunciado al derecho de autotutela, transfiriendo al aquél el monopolio del ejercicio del ius puniendi, de paso, ya que el ente estatal a deter el deber de proporcionar seguridad pública. Trata de las dos partes del garantismo penal, en relación con la doble dimensión de los derechos fundamentales, procurando superar la noción equivocada, pero generalizada, que la teoría del garantismo penal, que tiene en Luigi Ferrajoli su máximo exponente, buscaria defender com exclusividad, los derechos individuales fundamentales de los que sufren la carga penal, sin tener que preocuparse acerca de los derechos fundamentales de forma colectiva e difusa. Aborda también la importancia de las pruebas para el proceso penal, presentando el concepto, finalidad y su clasificación, con énfasis en las pruebas clasificadas como ilegales, y para algunas de las teorías que se ocupan de la (en)admisibilidad de estas. Continuando con la busca de respuestas al objeto propuesto, esta investigación enfrenta a el conflicto entre los principios constitucionales de la prohibición para el uso de pruebas ilegales - artículo 5, LVI de la Constitución Federal - y de la seguridad pública - artículos 5, caput, y 144 de la Constitución Federal - prestando atención, principalmente, a los peligros de aplicar el principio de proporcionalidad, en un intento de superar esta lucha, y a los paradigmas que subyacen en el Estado Democrático de Derecho y la doctrina del garantismo penal integral. |