Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2006 |
| Autor(a) principal: |
Lehfeld, Lucas de Souza |
| Orientador(a): |
Garcia, Maria |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito
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| Departamento: |
Faculdade de Direito
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| País: |
BR
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Espanhol: |
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| Área do conhecimento CNPq: |
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| Link de acesso: |
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/7142
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Resumo: |
La institución de las agencias reguladoras en el Brasil revela el reciente perfil regulador del gobierno y sus dificultades cuanto a la ejecución de obras y servicios públicos, con el comando de una gestión pública que tiene como prioridad la eficiencia. Después del Programa Nacional de Desestatización, en la década de 90, se formalizó un cambio en la mentalidad administrativa referente a su intervención en el dominio económico, con la transferencia de bienes y servicios del sector público para el sector privado. Ese cambio de papeles, de un gobierno fomentador para fiscalizador y regulador, comprendió la flexibilidad de los monopolios gubernamentales, con las llamadas privatizaciones de los principales servicios públicos. La descentralización administrativa consistió en una modificación del sistema administrativo, que deja de ser concentrada y pasa a ser un modelo difuso, por la formación de polos administrativos. El poder público se concentra en la elaboración de políticas regulatórias y por medio de concesión, permiso y autorización, transfiere la ejecución de esas políticas a la iniciativa privada. La presencia de las agencias reguladoras, en ese proceso de descentralización administrativa, acompaña una concepción moderna de la Teoría de la Separación de los Poderes, en que haya, por un lado, la centralización gubernamental, en los Poderes Políticos (Ejecutivo y Legislativo), a los cuales caben las atribuciones de establecer políticas y finalidades de la Administración Pública por medio de standards normativos y, por otro, la efectiva consecución de esos objetivos por la transferencia de las actividades de decisión y reguladoras a las agencias. Sin embargo la amplia autonomía de las agencias para el ejercicio de sus competencias, por si solo, no garantiza la eficacia de la regulación gubernamental. En realidad esa estabilidad del proceso regulador, actualmente presenta dificultades, pues, enfrenta constante interferencia del núcleo gubernamental debido especialmente al tradicional control jerárquico ejercido en la esfera del Poder Ejecutivo. Por otro lado, la legitimidad del modelo regulador presupone otros tipos de control juspolíticos y sociales. Son notorias, ante el proceso de privatización, la práctica de infracciones a los derechos individuales y colectivos de los usuarios por parte de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos, como también las deficiencias de la regulación ejercida por las agencias. Así, la participación ciudadana, en el control social de ese órgano gubernamental, consiste en elemento esencial para la eficacia de los instrumentos reguladores adoptados en el País. Se atribuya fundamentalmente a la condición de ciudadano del individuo, el cual deja de ser mero dato estatístico de las democracias formales, para tornarse protagonista de todo el proceso político, dividiendo, responsabilidad con la Administración Publica cuanto al trato de la cosa pública. Es en esa perspectiva que el presente trabajo, basado en amplia encuesta bibliográfica, busca estudiar las agencias reguladoras y sus controles político-institucionales y democráticos, formados bajo la orientación de principios inherentes a la Administración Pública en el desarrollo de su perfil regulador contemporáneo |
