Parcelamento, edificação e utilização compulsórios, um poder-dever ambiental : inconstitucionalidade na sua não instituição por municípios gaúchos

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Main Author: Batista, César Henrique Ribeiro
Publication Date: 2025
Format: Master thesis
Language: por
Source: Repositório Institucional da UPF
Download full: https://repositorio.upf.br/handle/123456789/9582
Summary: El presente trabajo tiene como tema la efectivación de la función social de la ciudad mediante el uso de los institutos del fraccionamiento, utilización y utilización obligatoria del suelo urbano, del IPTU Progresivo en el Tiempo y de la expropiación con pago en títulos de la deuda pública. La investigación se delimita al análisis de la implementación de estos instrumentos jurídicos en los Municipios del estado de Rio Grande do Sul con población superior a 50 mil habitantes, conforme a los datos del Censo Demográfico de 2022. El objetivo general es verificar en qué medida los Municipios gaúchos están utilizando los mecanismos previstos en el art. 182, §4º, de la Constitución Federal, especialmente el IPTU Progresivo en el Tiempo, como estrategia de política urbana. Se parte del siguiente problema: ¿los Municipios de RS con más de 50 mil habitantes han implementado el IPTU Progresivo en el Tiempo de forma efectiva? La hipótesis planteada es que, a pesar de la previsión de áreas delimitadas en los Planes Directores, la mayoría de los Municipios aún no ha incorporado la progresividad del impuesto con alícuota y plazo legalmente definidos. La metodología adoptada fue cualitativa y cuantitativa, con análisis documental de las legislaciones municipales – Planes Directores, Códigos Tributarios, Leyes Orgánicas y Leyes Específicas – de 43 Municipios seleccionados, organizados en dos grupos por rango poblacional. A través del método deductivo, la investigación concluye que, aunque hay avances en la delimitación de áreas urbanas sujetas a la función social de la propiedad, pocos Municipios han adoptado de hecho el IPTU Progresivo en el Tiempo con previsión normativa de alícuota y plazos, evidenciando una inconstitucionalidad por omisión y la necesidad urgente de adecuación legislativa para la concreción de los derechos urbanísticos y ambientales.